Índice

1.11 Política de vivienda para el crecimiento y la cohesión

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Nuestra propuesta

1 Aplicaremos a la compraventa de viviendas habituales, de forma transitoria, el IVA superreducido. Actualizaremos la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF.

Los resultados

Pendiente de cumplimiento.

Nuestra propuesta

2 Modificaremos el impuesto de transmisiones patrimoniales para eliminar el efecto de tributación múltiple en cascada de las compraventas sucesivas que actualmente limita la movilidad laboral en España. Permitiremos la compensación tributaria entre alquileres pagados y percibidos cuando se ponga en arrendamiento la vivienda habitual y se alquile otra en el nuevo lugar de residencia.

Los resultados

Pendiente de cumplimiento.

Nuestra propuesta

3 Dotaremos al contrato de arrendamiento de mayor flexibilidad y libertad de pactos. Incrementaremos la seguridad jurídica a las partes y agilizaremos los mecanismos de resolución de conflictos.

Los resultados

Está recogido en la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

Nuestra propuesta

4 Impulsaremos los programas de rehabilitación de edificios y viviendas. Promoveremos el fraccionamiento y aplazamiento de las tasas y tributos consecuencia de las obras de rehabilitación aislada de viviendas y locales. Impulsaremos de manera coordinada con todas las administraciones la rehabilitación de edificios situados en las zonas de mayor riesgo sísmico que hayan sido construidos hace más de 40 años.

Los resultados

El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, constituye el marco normativo por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Dentro del mismo, se han aprobado medidas específicas de fomento de la rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas. Asimismo, se ha aprobado la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que modifica la Ley del Suelo

Nuestra propuesta

5 Promoveremos una mayor independencia en las valoraciones de las tasaciones inmobiliarias, limitando la participación accionarial o el control de las entidades de crédito en las sociedades de tasación.

Los resultados

Recogida en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. El Artículo 4, de modificación de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario dice lo siguiente: «1. Las sociedades de tasación y los servicios de tasación de las entidades de crédito estarán sometidas a los requisitos de homologación previa, independencia y secreto que se establezcan reglamentariamente. 2. Las sociedades de tasación cuyos ingresos totales deriven, en el período temporal que reglamentariamente se establezca, al menos en un 10 por cien de su relación de negocio con una entidad de crédito o con el conjunto de entidades de crédito de un mismo grupo, deberán, siempre que alguna de esas entidades de crédito haya emitido y tenga en circulación títulos hipotecarios, disponer de mecanismos adecuados para favorecer la independencia de la actividad de tasación y evitar conflictos de interés, especialmente con los directivos o las unidades de la entidad de crédito que, sin competencias específicas en el análisis o la gestión de riesgos, estén relacionados con la concesión o comercialización de créditos o préstamos hipotecarios. La obligación de disponer de esos mecanismos afectará también a los servicios de tasación de las entidades de crédito. Igualmente afectará a aquellas sociedades de tasación en las que ejerzan una influencia significativa, accionistas con intereses específicos en la promoción o comercialización de inmuebles, o en actividades que, a juicio del Banco de España, sean de análoga naturaleza. 4. Las sociedades de tasación deberán someterse a auditoría de cuentas, ajustando el ejercicio económico al año natural. La revisión y verificación de sus documentos contables se realizará de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras de la auditoría de cuentas.»

Nuestra propuesta

6 Incrementaremos la protección y la información suministrada al cliente hipotecario, estableciendo la obligación de la entidad financiera de informar sobre el importe de la cuota del préstamo hipotecario a tipo variable en escenarios de alza de los tipos de interés y sobre el coste y condiciones de aquellas hipotecas que limiten sus garantías al bien hipotecado. Reforzaremos la protección del consumidor para garantizar el equilibrio entre las partes, con el fin de evitar cláusulas abusivas. En el caso de ejecuciones hipotecarias aceleraremos la introducción de subastas judiciales electrónicas que permitan ampliar el número potencial de licitadores y, en ausencia de éstos, elevaremos el porcentaje del valor de tasación por el cual la entidad financiera pueda adjudicarse el inmueble.

Los resultados

La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, contiene una regulación especialmente tuitiva para el deudor hipotecario en relación con su vivienda habitual. De este modo, establece la posibilidad de suspender, de modo automático y por un plazo de dos años, los procesos de desahucios de viviendas habituales de aquellas personas que se encuentran en una situación especial vulnerabilidad y precaria situación económica. Es decir, mantiene la medida prevista en el RD-Ley 27/2012, pero flexibiliza las circunstancias económicas que han de concurrir para que sea de aplicación, pues el límite de los ingresos de la unidad familiar puede ampliarse hasta cuatro o cinco veces el IPREM cuando se den determinadas circunstancias. Además, la Ley de 2013 también introduce modificaciones relevantes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el mismo objetivo de que los deudores hipotecarios sean protegidos de manera adecuada y, en su conjunto, se agilice y flexibilice el procedimiento de ejecución. Así, se establece la posibilidad de que si tras la ejecución hipotecaria de una vivienda habitual aún quedara deuda por pagar, durante el procedimiento de ejecución dineraria posterior se podrá condonar parte del pago de la deuda remanente, siempre que se cumpla con ciertas obligaciones de pago. Además, se permite que el deudor participe de la eventual revalorización futura de la vivienda ejecutada. Por otro lado, se introducen determinadas mejoras en el procedimiento de subasta. El Real Decreto ley 5/2012 de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, permite aplicar la mediación como método alternativo para conciliar los intereses de deudores hipotecarios y Entidades Financieras. Esta labor puede centrarse en los casos en los que no es obligatoria la aplicación del código de Buenas prácticas por parte de las Entidades Financieras a deudores hipotecarios. El mayor interés es evitar el proceso judicial de ejecución hipotecaria, mucho más costoso y desigual en el momento actual. Finalmente, las partes pueden homologar el acuerdo en sede judicial o por el juez o elevado a escritura pública ante Notario. Los acuerdos que se están alcanzando en aplicación de la mediación hipotecaria, van en la línea de la reunificación de créditos, la reducción de las cuotas de la hipoteca, la quita de un porcentaje del préstamo, las carencias (aplazar el pago de la hipoteca durante unos meses y abonar solo los intereses), la venta de la vivienda o, como último recurso, la dación en pago. Asimismo debe tenerse en cuenta que los afectados por desahucios tiene concedida la asistencia jurídica gratuita y la paralización judicial del desahucio si alguna cláusula del contrato es abusiva. En cuanto a las cláusulas que pueden elevar el riesgo: se garantiza la plena protección del deudor en los contratos que incorporen cláusulas que pueden elevar el riesgo (p.ej. cláusulas techo, suelo, interés referenciado a divisas). En estos casos se obliga a que en la escritura se incluya junto con su firma una expresión manuscrita manifestando que ha sido adecuadamente informado. Para lograr la mayor difusión posible, las subastas se publicarán en el portal de subastas judiciales y electrónicas del Ministerio de Justicia y se incluirán datos registrales y la referencia catastral para facilitar una identificación más rápida de la finca. Real Decreto-ley 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. La norma persigue facilitar el desendeudamiento de la economía española, al tiempo que se amplía la protección a aquellos colectivos más vulnerables por la crisis: - "Segunda oportunidad" para particulares y ampliación de la protección de deudores hipotecarios - El proceso concursal permitirá la exoneración de todas las deudas, aunque no se cubran con la totalidad de los bienes - Se eliminan las "cláusulas suelo" para los colectivos vulnerables y se prorroga dos años la moratoria para los desahucios

Nuestra propuesta

7 Reformaremos la ley concursal para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable.

Los resultados

Se ha aprobado el Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia concursal (procedente del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre). Asimismo, se ha aprobado el Real Decreto-ley 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. La norma persigue facilitar el desendeudamiento de la economía española, al tiempo que se amplía la protección a aquellos colectivos más vulnerables por la crisis: - "Segunda oportunidad" para particulares y ampliación de la protección de deudores hipotecarios - El proceso concursal permitirá la exoneración de todas las deudas, aunque no se cubran con la totalidad de los bienes - Se eliminan las "cláusulas suelo" para los colectivos vulnerables y se prorroga dos años la moratoria para los desahucios

Nuestra propuesta

8 Promoveremos que los planes de vivienda en alquiler se concentren en aquellos que tienen mayores dificultades para el acceso a la vivienda, teniendo en cuenta criterios objetivos como la renta per cápita del hogar. Impulsaremos los programas de arrendamiento bonificado con una opción de compra una vez que se dejen de cumplir los criterios de acceso al alquiler subvencionado.

Los resultados

La mejor forma de favorecer el alquiler es con un marco jurídico que genere garantías tanto para el arrendador como para el arrendatario. Y que aporte la suficiente flexibilidad para que las partes puedan ajustar los contratos a sus necesidades. Esto es lo que este gobierno persigue con la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Junto a este marco normativo, hemos aprobado ayudas directas al alquiler, dentro del Plan de Vivienda 2013-2016, para quienes tienen menores rentas y mayores cargas familiares. Es decir, hay un claro apoyo del Gobierno al desarrollo del alquiler como forma adecuada para el acceso a la vivienda de amplios sectores sociales.

Nuestra propuesta

9 Protocolizaremos los procesos de transformación del suelo mediante procedimientos públicos, transparentes y disponibles en internet, que respondan a criterios reglados y conforme a un planeamiento urbanístico abierto, flexible y ágil.

Los resultados

En el ámbito de las competencias del Estado, esta cuestión se aborda en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que modifica la Ley del Suelo.

Nuestra propuesta

10 Delimitaremos las competencias del Estado en materia de urbanismo que exijan un tratamiento común en el conjunto del territorio. Promoveremos sistemas de cooperación, asistencia y asesoramiento a los municipios pequeños por parte de comunidades autónomas, diputaciones y cabildos, con respecto al planeamiento y a la disciplina.

Los resultados

Esa cuestión se está desarrollando a través del Grupo de Trabajo interministerial para la racionalización y simplificación de la normativa medioambiental y urbanística, que creó la CDGAE.

Nuestra propuesta

11 Impulsaremos acuerdos de colaboración público-privada para la movilización del stock de viviendas vacías a precios asequibles, que den respuesta a las necesidades de acceso a la vivienda.

Los resultados

Se ha creado el Fondo Social de Viviendas, con más de 6.000 viviendas disponibles.

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