Índice

4.2 Austeridad, evaluación y control

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Nuestra propuesta

1 Promoveremos el desarrollo de la reciente reforma constitucional estableciendo en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria los mecanismos de participación del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Precisaremos los procedimientos de distribución de los límites de déficit y deuda entre las distintas administraciones, los supuestos excepcionales, la forma y plazo de corrección de las desviaciones y las responsabilidades derivadas de sus incumplimientos.

Los resultados

Se ha aprobado la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siguiendo los criterios expuestos.

Nuestra propuesta

2 Llevaremos a cabo una revisión generalizada del gasto para el conjunto de la administración, de forma que se puedan establecer prioridades dentro de la política general de austeridad.

Los resultados

Creación por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26/12/2012 de la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) que ha presentado su Informe con 219 medidas el 21/06/2013 y la creación por RD 479/2013 de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración. Aprobación del RD 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público y la Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre por la que se aprueban medidas de reestructuración y racionalización del sector público.

Nuestra propuesta

3 Abordaremos la racionalización de estructuras administrativas y costes. Reduciremos el número de altos cargos, personal eventual y los gastos corrientes. Haremos un uso más eficiente de los coches oficiales.

Los resultados

Creación por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26/12/2012 de la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) que ha presentado su Informe con 219 medidas el 21/06/2013 y la creación por RD 479/2013 de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración. Aprobación del RD 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público y la Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre por la que se aprueban medidas de reestructuración y racionalización del sector público.

Nuestra propuesta

4 Exigiremos que los presupuestos de todas las administraciones distingan los gastos correspondientes a servicios públicos básicos de aquellos que no lo son. De este modo los ciudadanos tendrán un exacto conocimiento de los recursos destinados a funciones esenciales.

Los resultados

Se han incorporado diversas modificaciones a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y se ha aprobado a Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que facilita una mayor conocimiento del destino de los recursos públicos.

Nuestra propuesta

5 Avanzaremos hacia la obligación de las administraciones públicas de emitir facturas informativas correspondientes al importe de los servicios públicos recibidos, indicando el coste efectivo en el que hayan incurrido las administraciones para su prestación y el derecho de los ciudadanos a solicitarlas.

Los resultados

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. La Ley de Factura Electrónica está permitiendo desde enero que los proveedores ahorren por factura 0,70€, pasando de un coste en papel de 0,76€ a un coste electrónico de 0,06€. Además, las Administraciones Públicas ahorran por recepción 2,78€, pasando de un coste en papel de 2,87€ a un coste en electrónico de 0,09€. En total, cada factura presentada supone un ahorro de 3,75€. Sólo en la AGE, la tramitación electrónica de facturas ahorrará al año 51M€ y 2,3M€ más por dejar de tramitarlas en papel. Desde el 15 de enero de 2015 se han presentado más de 225.000 facturas por Face a más de 5.700 organismos distintos.

Nuestra propuesta

6 Crearemos un sistema nacional que coordine los instrumentos de evaluación de todas las administraciones públicas, reforzando el papel de la agencia nacional para la evaluación de las políticas y los servicios públicos.

Los resultados

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal fue creada por la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre con el fin de garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la C.E. mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis de las previsiones económicas en las AA.PP. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno también incide en la evaluación de los planes y programas de las AA.PP. y le encomienda al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno esta función. Las nuevas Leyes sobre el Procedimiento Administrativo y de Régimen Jurídico de las AA.PP., junto con las ya aprobadas sobre Transparencia y Buen Gobierno y Estabilidad Presupuestaria, conformarán el futuro de la Administración Pública. Mejorarán la eficiencia administrativa a través de la administración electrónica; la seguridad jurídica, con una ley única que regule la relación de la administración con ciudadanos y empresas; incrementaran la calidad normativa y se garantizará en su elaboración la participación de ciudadanos y empresas; con procedimientos administrativos más ágiles y eficientes que reducirán las cargas administrativos y los plazos de gestión; que incrementaran la transparencia en las AA.PP.; racionalizará la creación de nuevos órganos o entidades innecesarias, y establecerá procedimientos de evaluación y control.

Nuestra propuesta

7 Racionalizaremos y simplificaremos el sector público empresarial. Los eventuales procesos de privatización de empresas públicas que prestan servicios cuya naturaleza sea compatible con una prestación más eficiente para el ciudadano por parte del sector privado se harán con total transparencia y evaluación independiente.

Los resultados

Con independencia de las diversas medidas de racionalización contenidas en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, todas las Administraciones Públicas han realizado un profundo proceso de racionalización que ha supuesto la supresión de más de dos mil entidades: el balance de OPERA de enero de 2015 evidencia la reestructuración acometida en el Sector Público Administrativo, Empresarial y Fundacional con la supresión de más de dos mil entidades: en la AGE se han suprimido 105 y actuado sobre 163; en las CC.AA. se han suprimido 715 y cuando concluyan los procesos emprendidos se habrá reducido un 33,35%; y en las EE.LL. se ha producido un una reducción de 1.244 entidades, que representa una reducción superior al 21%. Los ahorros computados hasta la fecha por ésta racionalización orgánica en las tres Administraciones ascienden a más de 3.000M€, de los que cerca de 1.900M€ corresponden a los ahorros en las Comunidades Autónomas. Reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las AA.PP.: Establece los principios de actuación y de funcionamiento del sector público y regula y ordena los órganos propios de la estructura ministerial y también en el ámbito de la Administración periférica y en el exterior. Además, se establece un nuevo marco normativo que racionaliza y aclara los diferentes tipos de entes e impide la creación de órganos o entidades innecesarias o redundantes. Se establece para una serie de procedimientos para asegurar la eficacia y eficiencia de los entes públicos. Así, todos los entes públicos estarán sujetos a una supervisión continua que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos que justificaron su creación, y cuestionar su mantenimiento cuando aquellos se hayan agotado o exista otra forma más eficiente de alcanzarlos. Por tanto, con carácter básico se introduce un régimen más estricto para la creación de entes públicos y un seguimiento continuo de sus objetivos y resultados, con lo que se evitará la proliferación injustificada de empresas y organismos públicos que existió en el pasado. Para la ejecución de las medidas de reestructuración orgánica de CORA, se han aprobado distintas normas legales, reglamentarias y acuerdos de Consejo de Ministros para proceder a la extinción, fusión e integración de organismos e instituciones públicas (Organismos Autónomos, Agencias Estatales, Entidades Públicas Empresariales, Sociedades mercantiles, Fundaciones y Consorcios). En 2014 cabe destacar la importancia de la entrada en vigor de la Ley de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

Nuestra propuesta

8 Fomentaremos la colaboración público-privada para la gestión de infraestructuras y servicios públicos.

Los resultados

En lo que respecta al Ministerio de Fomento, con carácter general, el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI 2012-2024 recoge la utilización de fórmulas de colaboración público-privada para el desarrollo de infraestructuras. Como ejemplo de ello, valgan las obras del tramo Benavente-Zamora de la autovía de La Plata A-66.

Nuestra propuesta

9 Potenciaremos la jurisdicción el Tribunal de Cuentas reforzando el deber de colaboración de los fiscalizados y de los terceros requeridos para ello. La exacta y completa rendición de cuentas será requisito para que las corporaciones locales puedan recibir ayudas y subvenciones públicas. Simplificaremos y mejoraremos los procedimientos de la jurisdicción contable. Estableceremos nuevas sanciones por las infracciones de la legalidad presupuestaria. Daremos publicidad a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en el portal de la transparencia.

Los resultados

La Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, modificó la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas en el sentido que la referencia a la función fiscalizadora se extienda a verificar el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género, la atribución de potestad reglamentaria a esta institución, en lo atinente a su auto organización, así como la posibilidad de que se establezcan fórmulas de colaboración entre el Tribunal y determinados organismos públicos y entidades de crédito, para la obtención de la información necesaria para la correcta fiscalización de las cuentas de los partidos políticos y fundaciones y entidades vinculadas.

Nuestra propuesta

10 Elaboraremos una ley de control y auditoría única para todo el sector público español, que garantice que todos los agentes del sistema de control interno actúan bajo unos estándares y reglas comunes, y unos procedimientos uniformes que impidan en el futuro la existencia de gastos ocultos. Exigiremos la elaboración de auditorías financieras, operativas y de cumplimiento a todas las corporaciones locales con más de 5.000 habitantes.

Los resultados

Si bien no se ha aprobado una nueva ley específica a respecto, la Ley de Estabilidad atribuye al MINHAP el seguimiento y control de los planes de ajuste, y la legislación derivada de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, la Ley de impulso de la factura electrónica y la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, entre otras, han permitido intensificar los controles sobre las AA.PP. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local refuerza la función interventora y el control de las administraciones locales y de los organismos públicos dependientes de estas, facultado al Gobierno para establecer los procedimientos.

Nuestra propuesta

11 Reforzaremos las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos en el cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y en el manejo de los fondos públicos.

Los resultados

Se ha procedido a la aprobación y puesta marcha de la Autoridad Fiscal Independiente (AIREF)

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