Índice

4.1 Transparencia

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Nuestra propuesta

1 Aprobaremos con carácter inmediato y de acuerdo con los principios que inspiran el Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos, una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La ley abordará desde una perspectiva integral la transparencia como un derecho de los ciudadanos y como un principio básico de actuación de todas las administraciones públicas, garantizando de manera ponderada el derecho a la protección de datos de carácter personal y salvaguardando siempre el interés general.

Los resultados

Además de aprobar la primera Ley de Transparencia de nuestra historia, el día 10 de diciembre de 2014 se puso en funcionamiento el Portal de la Transparencia de la AGE. En el portal se puede consultar toda la información de contenido institucional (estructuras, organigramas, funciones, curriculums de altos cargos, planes de objetivos,…), de normativa (tanto en vigor como en elaboración incluyendo la información de las memorias de impacto normativo) o económica (contratos, encomiendas, subvenciones generales, subvenciones a partidos políticos, presupuestos y su ejecución, cuentas anuales e informes de auditoría, informes de fiscalización, bienes inmuebles, información estadísticas, reconocimiento de compatibilidades de empleados públicos, retribuciones e indemnizaciones de altos cargos, etc...). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, previsto en la Ley (y regulado en Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre) se constituyó el 19 de enero y se encuentra en funcionamiento. Su responsable goza del aval de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y cuenta con una Comisión en la que participan un Diputado, un Senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. A lo largo de 2014, se han desarrollaron también programas de formación de los funcionarios públicos con vistas a este cambio en la cultura administrativa.

Nuestra propuesta

2 Regularemos por ley las normas de conducta que regirán la actuación de los miembros del gobierno y de los altos cargos de la administración general del Estado.

Los resultados

La Ley 19/2013, 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno supone un avance de extraordinaria importancia en este sentido. Principios meramente programáticos y sin fuerza jurídica se incorporan a una norma con rango de ley y pasan a informar la interpretación y aplicación de un régimen sancionador al que se encuentran sujetos todos los responsables públicos entendidos en sentido amplio que, con independencia del Gobierno del que formen parte o de la Administración en la que presten sus servicios y, precisamente por las funciones que realizan, deben ser un modelo de ejemplaridad en su conducta. La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, prevé: - Exigencia de requisitos de idoneidad y de una declaración responsable. - Control de la situación patrimonial del alto cargo al final de su mandato para verificar la existencia de indicios de enriquecimiento injustificado. - Aportación al inicio junto con las declaraciones de bienes y de actividades, de certificación de su situación tributaria con la AEAT. - Mayor detalle en la publicación de la declaración de bienes e intereses. - Publicidad de retribuciones, y limitación y control sobre los gastos de representación. - Prohibición de tarjetas de crédito para pago de gastos de representación. - Creación de un sistema de alerta temprana de conflicto de intereses. - Refuerzo de la Oficina de Conflictos de Intereses. - Determinación de las sanciones que pueden imponerse al alto cargo: Destitución, pérdida de derechos a la compensación tras el cese o la restitución de cantidades. - Imposibilidad de un nuevo nombramiento durante un periodo entre 5 y 10 años en caso de infracciones muy graves y graves.

Nuestra propuesta

3 Estableceremos un marco de referencias para los salarios de los altos cargos en el conjunto de las administraciones públicas adecuándose a las distintas responsabilidades que ostentan.

Los resultados

El Real Decreto 451/2012 de 5 de marzo regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y estatal. Además, se ha aprobado la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Nuestra propuesta

4 Homogeneizaremos la fijación de las retribuciones de los cargos electos locales, teniendo en cuenta la dimensión de los municipios, las circunstancias socio-económicas del entorno y los recursos económicos administrados.

Los resultados

El Artículo 75 bis de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece un régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales estableciendo un límite de retribución máximo en función de la población referenciada con las retribuciones de Secretario de Estado.

Nuestra propuesta

5 Estableceremos normas claras para ofrecer una completa información sobre los presupuestos y la situación patrimonial de todos los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, fundaciones y ONG que reciban fondos públicos para financiar su actividad.

Los resultados

Desde el comienzo de esta legislatura el Gobierno ha elaborado un gran número de reformas legales para regenerar la democracia y combatir la corrupción. Gracias a estas medidas adoptadas se han reducido, por ejemplo, las subvenciones anuales a los partidos y a las fundaciones vinculadas a los mismos, se ha prohibido que los partidos políticos acepten donaciones procedentes de quienes reciban subvenciones de las administraciones públicas, se han limitado las condonaciones a los partidos de sus deudas con los bancos, se ha obligado a los partidos a publicar el balance, la cuenta de resultados y la cuantía de los créditos y condonaciones correspondientes a cada ejercicio y se les obliga a notificar al Tribunal de Cuentas las donaciones recibidas superiores a 50.000 euros, entre otras obligaciones. A esto hay que añadir las medidas de control, fiscalización y transparencia que impone la nueva Ley Orgánica de control de la actividad económico financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y la puesta en marcha del Portal de la Transparencia con más de 530.000 registros accesibles de información sobre estructura de la Administración General del Estado, sueldos de altos cargos, catálogo de bienes inmuebles, contratos, subvenciones o convenios.

Nuestra propuesta

6 Ampliaremos los mecanismos de participación de la sociedad en la elaboración de disposiciones normativas legales y reglamentarias, así como en la definición de las políticas públicas.

Los resultados

El Proyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aprobado por la Comisión de Administraciones Públicas con competencia legislativa plena en sesión celebrada el día 21 de Julio de 2015, introduce una nueva normativa sobre el proceso de elaboración de las normas, cuestión que había sido recomendada por la OCDE en su informe sobre la Reforma de la Administración en España . En lo que se refiere al procedimiento de elaboración de normas y disposiciones regulará por primera vez para todas las Administraciones Públicas los principios y las reglas generales que debe seguir el procedimiento en el ámbito de las Administraciones Públicas. El Proyecto de Ley recoge la obligación de los distintos departamentos de elaborar una Memoria de Análisis del Impacto Normativo (MAIN) que acompañe a todas las iniciativas normativas. Asimismo, se define su contenido mínimo. En particular, las MAIN deberán recoger las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificará el coste de su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. En el ámbito de la Administración General del Estado, el Ministerio de la Presidencia valorará, entre otros aspectos, la calidad técnica de la propuesta y su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. En particular, el Ministerio de la Presidencia verificará el contenido de la MAIN y el cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reducción de cargas administrativas y buena regulación que sean aplicables (“One in-One out”, test PYME, etc.). Por otra parte, en aras de una mayor seguridad jurídica, se apuesta por mejorar la planificación normativa ex ante. Para ello, todas las Administraciones contarán con un Plan Anual Normativo en el que se recogerán todas las propuestas normativas con rango de ley o de reglamento que vayan a ser aprobadas el año siguiente. En el ámbito de la Administración General del Estado, el Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas normativas que se tramiten, evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo y verificar el cumplimiento de las medidas.

Nuestra propuesta

7 Desarrollaremos un portal de la transparencia en internet que dé un acceso permanente y sencillo a los ciudadanos a todos los procedimientos de información de las administraciones públicas. Incluirá el programa de gobierno y evaluaciones periódicas de su ejecución, información sobre el presupuesto y de todos los expedientes de contratación y subvenciones, así como los nombres y la remuneración de todos los altos cargos y personal de confianza en puestos de asesoramiento técnico o político.

Los resultados

El 10 de diciembre de 2014, a través del Portal de la Transparencia, entraron en vigor las obligaciones de publicidad activa y el derecho de acceso a la información púbica, recogidos en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Se trata de un espacio de información vivo y dinámico de la Administración General del Estado, en el que están disponibles todas las categorías de publicidad activa que establece la Ley. Y donde se articula también el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

Nuestra propuesta

8 Haremos accesibles a través de internet todos los presupuestos de las entidades con participación pública. Se ofrecerá la información más completa, rápida, exacta y accesible sobre todas las incidencias que ocurran desde su aprobación inicial hasta su liquidación definitiva.

Los resultados

En el Portal de la Transparencia (http://transparencia.gob.es/) se publica una información descriptiva de la organización, estructura, normativa destacada y funciones de los Ministerios y órganos dependientes. Central de Información económico-financiera de las AA.PP.: creada con el objetivo de disponer de información suficiente para el seguimiento presupuestario y como medida de incremento de la transparencia en el ámbito de la información económica y estadística proporcionada por el Gobierno; tiene carácter público, y ofrece información sobre la actividad económico-financiera de las distintas AA.PP.. Se ha implementado con la publicación del Real Decreto por el que se crea la Central de Información económico-financiera de las AA.PP. y se regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al MINHAP, y con la puesta en marcha del portal informativo correspondiente en la sede del MINHAP.

Nuestra propuesta

9 Se harán públicos y se ofrecerá el seguimiento de los indicadores que permitan evaluar la eficacia de las políticas públicas y la eficiencia en la utilización de los recursos.

Los resultados

En el Portal de la Transparencia (http://transparencia.gob.es/) se publica una información descriptiva de la organización, estructura, normativa destacada y funciones de los Ministerios y órganos vinculados o dependientes. En el marco de la CORA, se ha procedido a la implantación de sistemas de evaluación del rendimiento: A 31 de diciembre de 2014, en 28 centros se aplican sistemas de evaluación de desempeño. La plena implantación de la medida se espera alcanzar dentro de la presente legislatura. Por otro lado, el Plan Anual Normativo, que se introducirá con la nueva Ley del Procedimiento Administrativo, permitirá evaluar la eficiencia de las políticas y la consecución de los objetivos previstos por la normativa aprobada.

Nuestra propuesta

10 Se harán públicas de manera fácil y completa todas las subvenciones concedidas, los criterios utilizados para su adjudicación, los instrumentos de evaluación de su eficacia y la relación nominativa de sus beneficiarios.

Los resultados

En el Portal de la Transparencia se publican todas las subvenciones a personas físicas y jurídicas otorgadas por la Administración General del Estado. La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público Estatal y otras medidas de reforma administrativa, introdujo modificaciones importantes en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, recogiendo el nuevo régimen jurídico de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y el nuevo sistema de publicidad y transparencia que se impulsa desde su contenido.

Nuestra propuesta

11 Mejoraremos significativamente la transparencia en los procedimientos de contratación administrativa, reforzando la competencia y la publicidad de todas las actuaciones.

Los resultados

En el Portal de la Transparencia se puede acceder a la contratación y estadísticas de contratos por parte de la Administración General del Estado. El Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, conocido por el Consejo de Ministros del día 17 de abril, tiene como objetivos primordiales mejorar la transparencia y la competencia en la contratación, así como agilizar los procedimientos fomentando la utilización de medios telemáticos, prevé mayores controles y límites sobre los procesos de contratación pública, e incorpora a la legislación española el paquete de Directivas Comunitarias de Contratación Pública.

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