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5.2 Justicia ágil y previsible

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Nuestra propuesta

1 Buscaremos los acuerdos necesarios para la modernización de la justicia a través de: A. La reforma y simplificación de procedimientos, reforzando el principio de oralidad y revisando el sistema de recursos, cuantías y costas procesales. B. La incorporación de los juicios rápidos al ámbito civil. C. La promoción de la informatización plena y la interoperabilidad de los sistemas actuales de gestión procesal. D. El desarrollo de la jurisdicción voluntaria mediante una ley específica. E. La desjudicialización de determinadas materias sin menoscabo de las garantías ni de la eficacia sancionadora. F. El fomento de la mediación y el arbitraje. G. "La extensión de las funciones de los fedatarios públicos en materias que no requieran intervención judicial." H. El fortalecimiento de los títulos ejecutivos. I. La mejora de la ejecución de las sentencias.

Los resultados

La Ley 15/2015, de jurisdicción voluntaria, proporciona un instrumento eficaz para la resolución de asuntos sin controversia. Además, la Ley de Tasas introdujo una revisión de las Costas procesales que en el 2015 volverá a ser objeto de revisión a fin de incrementar el benefició de la asistencia jurídica gratuita. La reforma de la LOPJ también contempla mayor agilización en la resolución y mayor especialización por materias. La reforma de la LECRIM contiene normas centradas en la agilización proceso penal, en particular, en lo relativo a la instrucción. Esta reforma aclara los recursos, en particular el de apelación, que cabe interponer contra las resoluciones (autos y sentencias) que se emitan durante la tramitación del proceso. La doble instancia penal era un reclamo que no fue afrontado por la anterior administración . El Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica esté dando sus primeros frutos. Nadie lo había puesto hasta ahora en marcha y de momento se han realizado una serie de grupos de trabajo sobre comunicaciones telemáticas, gestión archivística, cuadro de mandos, sistema densidad, sala de vista, procuradores, asistencia jurídica gratuita, hitos y documentos comunes entre los sistemas de gestión procesal y portales de la Administración de Justicia. El sistema LexNet en el año 2012 incrementó su uso en un 81% en cuanto a notificaciones telemáticas y ha permitido que en este momento tengamos en España, a fecha 29 de septiembre de 2014, 146.386.583 notificaciones electrónicas. La reforma del Código Penal suprime las faltas y moderniza el sector produciendo la descongestión de los tribunales penales. Esta medida no significa ninguna merma de derechos y garantías, pues al final todo procedimiento administrativo, vía a la que se derivan las faltas suprimidas, podrán ser recurridas a los tribunales. La Ley 5/2012 de mediación civil y mercantil creo un marco donde los ciudadanos puedan resolver sus conflictos sin necesidad de recurrir a la vía judicial o incluso, estando dentro de ella, poder acceder a la mediación con el fin de llegar a acuerdos. Gracias al procedimiento de arbitraje sobre comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada que ha gestionada la Agencia de Consumo y Seguridad Alimentaria más de 133000 pequeños ahorradores han recuperado su dinero. La Ley 15/2015, de jurisdicción voluntaria, contempla que operadores jurídicos como los notarios, responsables de la fe pública, tengan a su cargo la tramitación de expedientes en los que la intervención judicial no sea preceptiva. En aquellos partidos judiciales donde está instaurado la oficina judicial, durante el 2014 se ha producido una disminución de la pendencia en las ejecuciones penales: Cuenca, con un –15%; de Mérida, con un –35%, en Ceuta, con un -20% y de Murcia, con un –30%.

Nuestra propuesta

2 Promoveremos un cambio de modelo de la oficina judicial, que la haga eficaz, accesible y transparente para el justiciable, y que asegure la unidad de gestión en todos los órganos jurisdiccionales. Impulsaremos una agencia que articule un sistema informático único y permita el conocimiento inmediato en red de los datos judiciales y de los que constan en los registros públicos relacionados con la administración de justicia.

Los resultados

Se ha llevado a cabo la implantación de la Oficina Judicial en Ceuta, el 28 de octubre de 2013, y en la Ciudad Autónoma de Melilla, el 11 de junio de 2014. Además, se ha seguido trabajando con otras ciudades en las que la oficina judicial ya había sido implantada. En éstas se han mejorado los tiempos de respuesta en actuaciones de registro y reparto y en los actos de comunicación y disminución de la pendencia en las ejecuciones penales como por ejemplo en Cuenca, con un –15%; de Mérida, con un –35%, y de Murcia, con un –30%. Para 2015 está programada la puesta en marcha en Ponferrada, completar la segunda fase de Murcia y entrar en Palma de Mallorca. Asimismo, está en estudio la incorporación de la oficina judicial al Tribunal Supremo.

Nuestra propuesta

3 Promoveremos una nueva ley de enjuiciamiento criminal que agilice la instrucción, aclare la situación procesal de los justiciables e imprima celeridad a las actuaciones sobre la base de un modelo de instrucción con plazos tasados.

Los resultados

Se ha reformado la Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante la LO 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y la Ley 41/2015. Se agilizan sensiblemente los plazos de instrucción: 6 a 18 meses para investigaciones complejas; regula el “Estatuto del Investigado”, que ha introducido una reforma terminológica cuyo alcance trasciende el mero formalismo, desterrando la expresión “imputado” que pasará a denominarse “investigado”, cuando recaigan sobre él meras sospechas. Se prevén nuevas reglas para la investigación tecnológica de los delitos y se implanta la segunda instancia penal. Se generaliza el uso del recurso de casación por el Tribunal Supremo que permitirá interpretación uniforme de todos los delitos. Se crea asimismo la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que recuperará los bienes producto del delito, con los que se indemnizará a víctimas, se harán proyectos sociales y se luchará contra el crimen organizado.

Nuestra propuesta

4 Aprobaremos un estatuto de la víctima, que contenga la relación de sus derechos, conocimiento de su situación procesal y acceso a la información, protección jurídica, y asistencia social y psicológica.

Los resultados

Por ley 4/2015, de 30 de abril, las Cortes han aprobado en nuevo Estatuto de la Víctima del Delito. Entre las medidas ofrece, desde los poderes públicos, una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a las víctimas, y no sólo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede generar y con independencia de su situación procesal, así como hacerles formar parte de los procesos en los que se diriman aspectos de la personas que fueron condenados por los daños que les provocaron. Podrán intervenir en fase de ejecución no solo vía recurso sino tambiénpenitenciaria.

Nuestra propuesta

5 Reformaremos el sistema de penas del Código Penal, introduciendo la pena de prisión permanente revisable, la posibilidad de aplicación de medidas de seguridad postpenales, el cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas, y una nueva regulación de la multirreincidencia.

Los resultados

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo que modifica al Código Penal, introduce la prisión permanente revisable para delitos especialmente graves; se amplía la medida de libertad vigilada para nuevos delitos; se crea un nuevo sistema de libertad condicional así como una nueva regulación de la multirreincidencia.

Nuestra propuesta

6 Promoveremos una reforma del jurado que impulse la confianza de los ciudadanos y los profesionales en la eficacia de una justicia moderna, que se inspirará en el modelo mixto o escabinado que responde a la tradición jurídica continental europea.

Los resultados

Se han excluido del catálogo de delitos que son competencia de dicho tribunal los que tienen que ver con los incendios forestales, que pasan a ser competencia de los tribunales profesionales.

Nuestra propuesta

7 Propondremos una nueva ley de responsabilidad del menor y una ley reguladora de los servicios a la comunidad.

Los resultados

No se ha tomado ninguna medida concreta en este sentido.

Nuestra propuesta

8 Diseñaremos una nueva regulación de las instituciones de protección y tutela jurídica a menores y discapacitados.

Los resultados

Se ha prestado especial atención a la protección y apoyo a las personas con discapacidad así como a asegurar su acceso a la justicia: la suspensión inmediata y por dos años de los desahucios que afectasen a familias que tuviesen algún miembro con discapacidad superior al 33 %. Se incrementó el umbral de ingresos que se tendrían en cuenta la esta suspensión en caso de personas con discapacidad. En el ámbito penal se ha agravado la pena cuando los delitos de prostitución y pornografía se comenten contra personas discapacitadas. En relación con las víctimas de accidentes de circulación, se han regulado las medidas necesarias para que reciban una indemnización suficiente, especialmente si son grandes lesionados con discapacidades que requieran de apoyos intensos para su autonomía personal, y se ha establecido una sistema para una rápida resolución de los conflictos. Pero la protección se ha acentuado cuando las personas con discapacidad son menores de edad que contarán con los apoyos especializados necesarios para que puedan desarrollar su vida social, cultural, artística y recreativa. En ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos. Se ha incrementado del 5 al 7 % el cupo para personas con discapacidad en la oferta pública de empleo para el personal al servicio de la Administración de Justicia. Se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, sin necesidad de tener que acreditar insuficiencia de recursos económicos, a las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato, así como a los grandes lesionados a causa de un accidente, cuando reclamen una indemnización.

Nuestra propuesta

9 Presentaremos una ley de demarcación y planta judicial.

Los resultados

Tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ha avanzado en modelos de organización más flexibles para agilizar la respuesta que la justicia debe dar a los ciudadanos, a través de una mayor especialización de los Tribunales y un mejor reparto de asuntos, pero sin afectar a modelos tradicionales y, por lo tanto, manteniendo el sistema actual de la planta judicial y los jueces de paz.

Nuestra propuesta

10 Fortaleceremos la función casacional del Tribunal Supremo.

Los resultados

Con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada por LO 7/2015, de 21 de julio, se reforma el recurso de casación en la jurisdicción contencioso administrativa. De otro lado, la reforma de la Lecrim, aprobada por LO 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y la Ley 41/2015, ha generalizado la segunda instancia penal y ha devuelto al recurso de casación penal, que hasta ese momento era una suerte de recurso de apelación que se tramitaba ante el Tribunal Supremo, su verdadera naturaleza.

Nuestra propuesta

11 Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.

Los resultados

La Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, si bien consideró oportuno mantener el sistema de elección de los vocales de origen judicial por las Cortes, democratizó el acceso de todos los jueces y magistrados, pertenezcan o no a determinada asociación, a la magistratura, igualando sus posibilidades de que sean elegidos por sus compañeros a las listas que serían presentadas a las Cortes. También modernizó e hizo más funcional el funcionamiento del Consejo.

Nuestra propuesta

12 Garantizaremos la independencia del ministerio fiscal, reforzando la intervención del Consejo Fiscal en nombramientos y ascensos, y centrando las fiscalías especiales en la persecución de la criminalidad organizada.

Los resultados

Aún cuando no se ha introducido ninguna modificación en el Estatauto Orgánico del Ministrerio Fiscal, el gobierno ha sido en extremo escrupuloso en el respeto de la independencia del Ministerio Fiscal. Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto en diferentes oportunidades por quienes han ostentado el cargo de Fiscal General del Estado, personas a las que precisamente no se puede tachar de serviles. El Ministerio Fiscal, con el gobierno del PP siempre ha actuado con plena objetividad e independencia en el desempeño de sus cometidos

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