Índice

5.1 Regeneración política e institucional

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Nuestra propuesta

1 Promoveremos, con sincera actitud de diálogo, todas las acciones y acuerdos políticos que favorezcan el entendimiento y la concordia entre todos los españoles en torno a los valores constitucionales.

Los resultados

Todas las medidas que ha tomado el Gobierno han sido comunicadas al resto de grupos políticos y se han afrontado con el mayor nivel de dialogo. La oposición ha sido la que ha rechazado ese dialogó, oponiéndose constantemente a que se tomaran las medidas que España necesitaba. Algunas reformas de calado social, como el Estatuto de la Víctima o el Baremo de Accidentes, se han aprobado con el consenso de la Cámara.

Nuestra propuesta

2 Propondremos una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que establezca los deberes de las administraciones en esta materia y garantice a los ciudadanos la efectividad de este derecho de acceso. Impulsaremos para su aprobación, junto al resto de las fuerzas políticas, un acuerdo de bases por la transparencia y contra la corrupción en el ámbito local.

Los resultados

La aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno cumple con este objetivo electoral. Además, la reforma del Código Penal refuerza las sanciones en materia de corrupción.

Nuestra propuesta

3 Reforzaremos la respuesta del ordenamiento jurídico a las conductas delictivas constitutivas o relacionadas con la corrupción. Aseguraremos su rápido enjuiciamiento. Mejoraremos la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas o corruptas.

Los resultados

La reforma del Código Penal aborda el problema de la corrupción. En concreto se modifican numerosos artículos para evitar que se pueda acudir a unas elecciones por parte de una persona condenada por delitos de corrupción. Además, se crea el delito de financiación ilegal de partidos. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal delimita temporalmente el enjuiciamiento de los procesos penales. Se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, modificando la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas, incorporando nuevas medidas de vigilancia de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, avanzando aún más en La reforma del Código Penal. En concreto se modifican numerosos artículos para evitar que se pueda acudir a unas elecciones por parte de una persona condenada por delitos de corrupción. Además, se crea el delito de financiación ilegal de partidos. Se ha aprobado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la cual delimita temporalmente el enjuiciamiento de los procesos penales. Se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, modificando la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas, incorporando nuevas medidas de vigilancia de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, avanzando aún más en la transparencia y control al que han de estar sometidos.

Nuestra propuesta

4 Velaremos, en el seno del Partido Popular, por el riguroso cumplimiento de nuestro código de buenas prácticas y de los compromisos de conducta asumidos por nuestros candidatos.

Los resultados

Los numerosos expedientes que se han abierto en los últimos tiempos dan muestra de que el Partido Popular ha estado vigilante de que el código de buenas conductas es cumplido rigurosamente.

Nuestra propuesta

5 Regularemos las normas de conducta que regirán la actuación de los miembros del gobierno y de los altos cargos del Estado.

Los resultados

La Ley 19/2013, de transparencia, supone un avance de extraordinaria importancia en este sentido. Principios meramente programáticos y sin fuerza jurídica se incorporan a una norma con rango de ley y pasan a informar la interpretación y aplicación de un régimen sancionador al que se encuentran sujetos todos los responsables públicos entendidos en sentido amplio que, con independencia del Gobierno del que formen parte o de la Administración en la que presten sus servicios y, precisamente por las funciones que realizan, deben ser un modelo de ejemplaridad en su conducta. La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado aclara, refuerza y amplía dicho marco jurídico del Alto Cargo de la Administración General del Estado con vistas a garantizar que su ejercicio se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas.

Nuestra propuesta

6 Revitalizaremos el Parlamento agilizando los procedimientos de debate y la actividad de los diputados y senadores. Reconoceremos el derecho de la oposición a promover iniciativas sin la utilización arbitraria y el abuso del veto que se ha producido en los últimos años. Recuperaremos el sentido constitucional del decreto-ley. Los miembros del gobierno presentarán al inicio de su mandato un plan de objetivos que anualmente será actualizado.

Los resultados

En el seno de la Comisión de Reglamento se constituyó una Ponencia encargada de estudiar la reforma del reglamento con el fin de mejorar el funcionamiento de la Cámara y lograr una mayor identificación en su capacidad de representación de los ciudadanos.

Nuestra propuesta

7 Promoveremos la mejora de la calidad en la producción normativa, su claridad, y el control riguroso de la necesidad y del impacto de los proyectos de disposiciones, más allá de su cuantificación presupuestaria directa, e incluyendo la intervención de los órganos de defensa de la competencia. Mejoraremos los procedimientos que den entrada a la sociedad civil en la elaboración de las disposiciones normativas tanto legales como reglamentarias.

Los resultados

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP., establece como importante novedad un procedimiento para la elaboración de normas y disposiciones, que incluye una mayor participación ciudadana, así como medida que permiten una mayor planificación normativa, como es la necesaria elaboración del Plan Anual Normativo, cuya ejecución deberá ser valorada ex post. Se ha aprobado el Real Decreto 845/2015, de 28 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Comisión General de Codificación. Con ello nos sumamos a la corriente de racionalización y consolidación del derecho que ya está haciendo la Unión Europea y otros países de nuestro entorno. Lo que hemos venido a llamar “better regulation”.

Nuestra propuesta

8 Impulsaremos el establecimiento de mayorías parlamentarias cualificadas para la aprobación y modificación de los Estatutos de autonomía y las normas básicas de funcionamiento de las instituciones del Estado.

Los resultados

Pendiente de cumplimiento.

Nuestra propuesta

9 Promoveremos la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos garantizando, al mismo tiempo, la estabilidad de los ayuntamientos.

Los resultados

Durante el verano de 2014 se debatió por parte del Partido Popular sobre esta medida, pero la oposición no quiso negociar. El Grupo Parlamentario Popular acaba de presentar la solicitud de creación de una subcomisión para el estudio de la reforma electoral.

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